El machismo judicial que permite el acoso sexual en el trabajo

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de hombres y mujeres, promulgada en la primera legislatura del gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, supuso un verdadero avance para la lucha, al menos en el plano legal, contra la discriminación de las mujeres y el alcance de la igualdad de género. Digo en el plano legal porque en la práctica sabemos que aunque cambien las leyes, la realidad social tarda mucho más en integrar los principios que las inspiran, y evidentemente esta no iba a ser una excepción.

La motivación del artículo, y el germen que movió mi reflexión, es la discutida decisión, muy criticada en algunos sectores doctrinales, de incluir en el artículo 13 de dicha ley una inversión de la carga de la prueba que hace tambalear algunos de los principios más arraigados de nuestro ordenamiento jurídico:

Artículo 13. Prueba.

1. De acuerdo con las Leyes procesales, en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias, por razón de sexo, corresponderá a la persona demandada probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad.

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el órgano judicial, a instancia de parte, podrá recabar, si lo estimase útil y pertinente, informe o dictamen de los organismos públicos competentes.

2. Lo establecido en el apartado anterior no será de aplicación a los procesos penales.

La base del sistema es que el que alega un hecho tiene la obligación de probarlo, y la Ley de Igualdad invierte ese principio.

Para los que no manejan la terminología jurídica, os explico lo que supone esta modificación. En los litigios lo más importante es que el juzgador entienda qué es lo que ha pasado, y las partes implicadas relatan los hechos como ellas desean, se apoyan en pruebas para acreditarlos, y el juzgador a la luz de lo expuesto se hace su propio esquema y decide el asunto. La base del sistema es por tanto que el que alega un hecho tiene la obligación de probarlo, si la otra parte no lo admite; y es algo fundamental porque tiene especial dificultad probar que un hecho no ha ocurrido, lo que se conoce en el ramo como prueba diabólica en recuerdo de los juicios inquisitoriales.

Será el presunto acosador el que deberá probar que dicho acoso no se produjo.

Así, mientras que en ámbito del derecho penal se sigue (y en esto también) respetando el principio de la presunción de inocencia y la carga de la prueba al que alega un hecho, en las restantes jurisdicciones (civil, laboral y contencioso-administrativo) existe una presunción de veracidad respecto de que la discriminación efectivamente se ha producido, como ocurre por ejemplo cuando un policía multa a un coche mal aparcado y su testimonio tiene esa validez. Será entonces, en teoría y según expresa la ley, el presunto acosador el que deberá probar que dicho acoso no se produjo, y por tanto las medidas adoptadas (disciplinarias en el caso laboral o del empleo público) son improcedentes.

Pues bien, siguiendo el informe de 2011 del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada de la Generalitat de Catalunya, la práctica judicial se aleja en este aspecto de lo que dicta la ley. Y si ya es especialmente horrible saber que en los delitos sexuales (en el ambito penal) en caso de no existir mayor prueba que el testimonio de la víctima contra el del presunto agresor con casi total seguridad el delincuente no será castigado por los principios anteriormente citados, no deja de ser llamativo que ante un artículo tan meridianamente claro la práctica judicial se aleja en muchas ocasiones del precepto, lo que los autores del estudio achacan a dos factores que traslucen el machismo como fondo: la desacreditación del testimonio de la víctima y la presencia de apreciaciones sexistas sobre la violencia y sus características y/o consecuencias.

En todas las sentencias examinadas la mujer es la víctima y el hombre el acosador.

Resulta interesante comprobar como, de las 49 sentencias que fueron analizadas respecto del acoso sexual, 29 de las mismas fueron de mujeres y 20 de hombres, siendo las 29 mujeres demandantes que reclamaban haber sido acosadas por un hombre. Las restantes  20 iniciadas por hombres lo son como recurrentes respecto de una situación de despido como consecuencia de haber cometido algún tipo de acoso sexual, con lo que se logra un 100% de casos examinados en los que la mujer ocupa la posición de víctima y el hombre de acosador. Siendo las sentencias examinadas las más relevantes que los catálogos de jurisprudencia muestran con los términos “acoso sexual”, son luz y signo de la triste realidad del acoso sexual en nuestro país, que me atrevería a extender a todos los países del mundo.

Pasemos por tanto a examinar el machismo subyacente en la mente de los juzgadores que les hace pasar por encima de la misma ley.

La desacreditación del testimonio de las mujeres.

Según el artículo 13 de la Ley de Igualdad, en un hipotético caso en el que el acoso se produjese sin testigos y se llegase a lo que se conoce coloquialmente como “tu palabra contra la mía”, el testimonio de la mujer gozaría de veracidad y sería el presunto acosador el que debiera demostrar que no lo es. Sin embargo, de las sentencias examinadas el estudio subraya que:

El cuestionamiento del testimonio de las mujeres y de su denuncia de la violencia de género es un hecho bien estudiado en el ámbito penal y frecuentemente caracterizado como uno de los problemas más graves a la hora de sancionar la violencia de género.

En la jurisdicción social, se repite esta situación incluso en casos en los que, junto con el testimonio de la víctima, hay otras pruebas, pero a las cuáles el tribunal no atribuye suficiente valor probatorio.

En este sentido, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 12155/2009:

Y aunque existan sospechas de que el actor llevó a cabo una conducta gravemente inadecuada en relación con la denunciante, esa sospecha no se ha traducido en una plena convicción jurídica, y por ello no se ha tenido por acreditados suficientemente los hechos imputados, y ante la ausencia, en el relato fáctico, de hechos probados de los que se desprenda directamente la acreditación de las imputaciones realizadas, se considera que la solución a la que llega el juzgador de instancia es ajustada a derecho.”

Es decir, que aunque el juzgador sospeche que hay conducta gravemente inadecuada, en lugar de esperar que sea el presunto acosador el que desmonte con pruebas dicha acusación como marca la ley, se le exonera porque la víctima no ha acreditado que dicho acoso se produjera. Machismo judicial en vena.

La presencia de apreciaciones sexistas sobre la violencia y sus características y/o consecuencias.

Preparaos para el asco más absoluto, porque lo que viene tiene tela. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias 1088/2008, se denuncia agresión sexual y el tribunal no da crédito al testimonio de la víctima por sus propias apreciaciones machistas de cómo entienden que debería actuar una víctima de acoso sexual:

…no es verosímil que el episodio de acoso sexual denunciado tuviera una duración de 35 minutos, que habiendo opuesto resistencia no presentase después el mas mínimo rasguño, que no es coherente con su relato de los hechos del que se deduce que no se trata de una simple insinuación o gesto de contenido sexual sino de abusos sexuales tales como tocamientos libidinoso en pechos y nalgas e intento de desvestirla, que hubiera acudido al trabajo los dos días siguientes.

En el estudio de referencia se analizan más sentencias, en las que incluso cuando la violencia se adapta más a la “consecuencia esteriotipada” del acoso sexual el tribunal no lo entiende suficientemente probado, lo que vuelve a chocar con la inversión de la carga de la prueba del artículo 13.

Las sentencias examinadas son evidentemente casos concretos de los que es verdaderamente aventurado sacar una generalización como la que da título al artículo, pero es que casos como estos, que afecten a tu hija, tu hermana o tu amiga, pueden caer por turno de reparto en juzgados y tribunales donde el órgano judicial tenga estas predisposiciones machistas. Y aunque evidentemente el tiempo hará (y en el estudio también se resaltan sentencias en este sentido) que los principios inspiradores de la Ley de Igualdad vayan calando en nuestro aparato judicial, tenemos la obligación de señalar con el dedo no ya a los que impregnan de su machismo sus decisiones judiciales: sino especialmente a los que, para ello, incumplen la ley.

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